Este brutal hecho, lejos de quedar como un episodio aislado, se inscribe en un contexto de hostigamiento sistemático que Segovia ejerció sobre Ramírez durante meses. Las denuncias, con evidencia de la agresión física (lesión en mano) y el acoso psicológico (amenazas verbales, difamación a través de redes sociales), fueron presentadas ante la Dirección Regional Educativa IV-A y las autoridades policiales (denuncias policiales del 21 y 24 de febrero de 2024). Sin embargo, la respuesta estatal ha sido ominosa en su inoperancia.

A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas, incluyendo un informe interdisciplinario (25 de abril de 2024) que diagnostica un trastorno de estrés postraumático en Ramírez, y un dictamen (N° 347/24, 18 de marzo de 2025) que establece la responsabilidad de Segovia en los hechos, la Dirección Regional Educativa IV-A ha brillado por su inacción.  La sanción de apercibimiento dispuesta en la Disposición N° 2395/74/2024.SBTCA (2 de septiembre de 2024) nunca fue aplicada, consolidando un estado de impunidad que resulta profundamente preocupante.

Más grave aún es la posibilidad real de que Segovia acceda nuevamente a un cargo directivo en la institución. La falta de medidas de resguardo para Ramírez y la inacción ante la posibilidad del retorno de su agresora a un puesto de autoridad dentro de la Escuela Nº 866 constituyen una grave vulneración de sus derechos laborales y humanos, exponiendo la fragilidad del sistema ante casos de violencia laboral.

Se exige una intervención inmediata de la Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Prof. Sofía Elizabeth Petcoff Naidenoff, para garantizar la protección de Laura Ramírez, la aplicación de las sanciones a Marta Segovia, y la implementación de medidas que prevengan futuros casos de violencia dentro del sistema educativo provincial. La impunidad de Segovia, ante la inacción de las autoridades educativas, no puede seguir tolerándose.