El 20 de mayo pasado, el gobernador Leandro Zdero protagonizó un momento incómodo y revelador durante una entrevista cuando, visiblemente alterado, repitió cuatro veces en 42 segundos que "no hay posibilidades" de otorgar aumentos salariales. Alegó asfixia presupuestaria, una provincia atada al gasto en personal y una economía dependiente del modelo libertario nacional.

Sin embargo, diez días después, el mismo Zdero sorprendió con una decisión que contradice aquel mensaje de impotencia: otorgó un aumento del 17,4% solo para los 4.202 empleados judiciales, excluyendo al resto de la administración pública, que suma casi 75 mil trabajadores activos más los 70 mil jubilados y pensionados que cobran a través de la Caja provincial. En total, más de 140 mil personas quedaron afuera de la mejora salarial.

La medida genera fuertes críticas entre los gremios estatales como UPCP, ATE y UPCN, que vienen reclamando desde hace meses una recomposición urgente. Según sus relevamientos, el 85% de los empleados públicos chaqueños está por debajo de la línea de pobreza, estimada actualmente en $1.050.000 mensuales. Mientras tanto, el último incremento otorgado a ese universo fue en marzo y abril: un escaso 3,2% mensual, que quedó desactualizado frente a la inflación acumulada. Está claro que, con las cifras en mano, los sindicatos reclamarán al Poder Ejecutivo incrementos similares.

Ahora, el contraste es evidente: mientras la inflación proyectada para junio ronda el 2,5%, el aumento otorgado al Poder Judicial quintuplica ese porcentaje. ¿Por qué se priorizó a un sector sobre otro en medio de una supuesta crisis fiscal total?.

Una señal de privilegio

La decisión de Zdero reabre el debate sobre los privilegios dentro de la estructura estatal. Mientras el gobernador insiste en que el 90% de los recursos provinciales se destinan a sueldos –y usa eso como argumento para justificar el ajuste y la paralización de servicios esenciales–, su propio gobierno aplica criterios de selectividad que benefician a un pequeño grupo: los judiciales, históricamente vinculados a esquemas de mejora automática a través de acuerdos institucionales y presión política.

Para el resto del personal estatal, la señal es clara: dificilmente haya aumentos en lo que resta del año. Así lo dejó entrever el propio Zdero en su declaración del 20 de mayo, dejando a miles de familias estatales sumidas en la precariedad y la incertidumbre económica.

Las contradicciones no son menores. Zdero pasó de reclamar comprensión ante la falta de recursos a desplegar capacidad fiscal selectiva en tiempo récord. ¿Qué cambió entre el 20 y el 30 de mayo? ¿Aparecieron recursos antes inexistentes? ¿O simplemente el ajuste no es igual para todos?

Incluso las cifras oficiales quedan en entredicho: antes de asumir, Zdero aseguraba que el gasto en salarios representaba el 84% del presupuesto; ahora dice que es el 90%. ¿Aumentó ese 6% sin que se haya registrado una sola actualización salarial significativa para la mayoría? ¿O es un número inflado para justificar decisiones políticas de exclusión?.

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