Daniel Melchiori, el comisario de
Taco Pozo que protagonizó un violento episodio de abuso policial contra médicos
solidarios el domingo pasado, fue sobreseído en una causa por apremios ilegales
y amenazas, junto a otros cinco funcionarios imputados por encubrimiento.
La decisión la tomó Luis Kubicek,
a cargo del Juzgado de Garantías 2 de Sáenz Peña, el pasado 18 de agosto. Fue
al hacer lugar a la oposición a la elevación a juicio de la defensa de los
imputados.
La denuncia que originó la causa
señalaba que, el 23 de febrero de 2024, Antonio Palma junto a Daniel García y
Juan Arce fueron interceptados por policías en un camino rural de Taco Pozo,
donde habrían sido agredidos y amenazados por el comisario Melchiori.
Los otros cinco agentes —Horacio
Emmanuel Quintana, Héctor Etelvino Domínguez, Fabio Matías Mansilla, José
Armando Suárez y Néstor Andrés Yanacón— eran acusados de encubrimiento por
presenciar las supuestas agresiones y no denunciarlas. Sin embargo, la defensa,
a cargo de Leandro Fioravanti, solicitó el sobreseimiento de todos los
imputados argumentando la existencia de “certeza negativa”.
El abogado sostuvo que los
denunciantes estaban cometiendo una actividad ilícita al faenar un animal sin
las condiciones reglamentarias y que las acusaciones formaban parte de una
estrategia para eludir su propia responsabilidad. La defensa también señaló que
las declaraciones presentaban serias contradicciones.
El juez Kubicek analizó las
pruebas, incluyendo el hecho denunciado, declaraciones testimoniales y los
informes médicos forenses. Concluyó que había incongruencias e inconsistencias
serias entre las declaraciones de los denunciantes y el testigo Ramón Orlando
Silva. Además, destacó que los informes médicos arrojaron un “resultado
negativo en el sentido a la falta de verificación de lesión alguna en el cuerpo
de las pretensas víctimas”.
El magistrado señaló que, aunque
el delito de apremios ilegales no requiere necesariamente lesiones físicas, la
falta de vestigios en el cuerpo de las víctimas, sumada a las contradicciones
en los testimonios, generó una “duda insuperable”. Ante esta situación, el juez
aplicó el principio de presunción de inocencia y decidió que no había mérito
suficiente para responsabilizar penalmente a los acusados.
“Se concluye que no existe mérito
suficiente para entender que surjan de las mismas elementos que responsabilicen
penalmente, con el grado de probabilidad requerida en la etapa procesal en la
que nos encontramos, a los encartados de autos respecto al delito que les fuera
atribuido a cada uno”, sostuvo el magistrado en la sentencia a la que tuvo
acceso LITIGIO.
Como resultado, se dictó el
sobreseimiento total de Melchiori por los delitos de apremios ilegales. Y, en
consecuencia, al depender el delito de encubrimiento de la existencia del hecho
principal, se sobreseyó también a los demás imputados.
Hermano
El juez Kubicek, vale mencionar,
es hermano de Gustavo Kubicek, abogado de la Jefatura de Policía del Chaco, y
no es la primera vez que tiene una mirada contemplativa ante denuncias de abusos
policiales por parte de la fuerza de seguridad chaqueña.
En mayo de 2024, decidió rechazar
el hábeas corpus interpuesto por el defensor oficial, Matías Jachesky, que
buscaba ponerle un alto a las detenciones masivas y arbitrarias de jóvenes de
barrios vulnerables de Quitilipi. El trámite estuvo cargado de decisiones
controvertidas, como el impedimento de participar del expediente al Comité para
la Prevención de la Tortura y la negativa a la recolección de pruebas
solicitadas por el defensor oficial.
Si bien el parentesco con el
abogado de la Policía no dice nada respecto de la idoneidad del magistrado para
intervenir en un expediente de estas características, si se busca demostrar que
la Justicia es realmente independiente de los demás poderes, resulta
indispensable evitar cualquier tipo de suspicacias. La herramienta de la
inhibición está a la mano de cualquier juez que así lo considere.
Médicos solidarios
Si bien a Melchiori se lo conoce a
nivel provincial producto de las reiteradas denuncias en su contra, el domingo
su nombre traspasó a las primeras planas de los medios nacionales. Y no fueron
por buenos motivos: un grupo de médicos cordobeses que integraban la fundación
Todos por Todos lo denunció tras haber sido víctimas de un procedimiento policial
violento y arbitrario.
Según relataron los profesionales,
cuando concluían un operativo sanitario de diez días en la zona, un chofer del
grupo fue agredido físicamente y una de las médicas detenida, en un accionar
que describieron como “irracional” y que, además, habría contado con la
participación directa del propio Melchiori, presuntamente bajo los efectos del
alcohol.
El comisario Melchiori acumula un
extenso historial de denuncias por irregularidades y violencia institucional.
En noviembre pasado, el juez correccional de Sáenz Peña, Carlos de Césare, hizo
lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por el Comité para la Prevención
de la Tortura, tras múltiples testimonios de detenciones arbitrarias, amenazas
y hostigamientos contra vecinos, incluidos menores de edad y hasta un bebé
afectado por gases lacrimógenos.
En febrero de este año, nuevas
denuncias apuntaron nuevamente contra Melchiori por la detención y golpiza de
un adolescente de 13 años y su hermano mayor. La presidenta del Comité, Bashé
Charole, calificó entonces de “cobarde” la violencia policial y reclamó
sanciones inmediatas.
Incluso el intendente de Taco
Pozo, Carlos Ibáñez, había advertido públicamente sobre la conducta “prepotente
y hostil” del comisario, al que acusó de amparar procedimientos ilegales y
sembrar temor en la comunidad.
Pese a este prontuario, Melchiori
recibió en varias ocasiones el respaldo explícito del entonces jefe de la
Policía del Chaco, Fernando Romero, quien lo defendió frente a críticas y
denuncias, atribuyendo los cuestionamientos a una supuesta “persecución
política”.
Revista Litigio – Periodismo Judicial