La abogada querellante de la familia de Leonela Giménez, Dr. Adriana Molina fue categórica al calificar el crimen de la joven como vil, cruento y horroroso.
La Dr. Molina en contacto con
medios de prensa de Sáenz Peña expresó que no se trató de un desenlace trágico, más bien fue un asesinato con alevosía y perversión inusitada. También confirmó
que acertadamente el fiscal Gustavo Valero cambió la caratula a femicidio.
La letrada sostuvo que este crimen
no fue azaroso, sino un acto brutal que Leonela “no merecía como ser humano y
como mujer”. Con un fuerte compromiso personal, Molina remarcó: “voy hacer todo
lo que esté a mi alcance para que quienes asesinaron vilmente a Leonela reciban
la pena más dura, la prisión perpetua.
Se trata de los dos hombres quienes fueron detenidos luego de ser identificados en cámaras de seguridad del centro de monitoreo municipal, comercios y casas particulares.
Cristian Almeida, busca despegarse de su amigo y presentó una versión que deberá ser analizada por el fiscal. En su declaración de imputado, culpó al comerciante de haber matado a la mujer de 25 años, y que él le dijo de ir a la comisaría a denunciar un supuesto accidente cuando el sujeto manipulaba el arma. La cuestión es que su abogado, quiere que la imputación que prevé prisión perpetua sea dirigida únicamente para Giaccone.
Familiares de víctimas cuestionan la falta de transparencia en la presentación de pruebas y advierten que veredictos similares erosionan la credibilidad del sistema judicial provincial.
Se trata de Roberto Espinoza, a quién la gestión de Leandro Zdero despidió del canal público Somos Uno por su pensamiento crítico. Por mayoría, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco avaló su despido. No obstante, concedió el recurso extraordinario federal para que el caso pueda ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “No puede perderse de vista la trascendencia institucional del asunto debatido”, sostuvo el tribunal.
Durante la ronda de alegatos que tuvo lugar la semana pasada en Sáenz Peña, la querella solicitó cinco años de prisión para los agentes Ponce y Rivero y cuatro para Rojas, y el doble de tiempo de inhabilitación. Por su parte, la fiscalía y la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos pidieron penas en suspenso. La defensa pidió la absolución de todos los agentes. El 21 de febrero se conocerá la sentencia.