Cristian Almeida, busca despegarse de su amigo y presentó una versión que deberá ser analizada por el fiscal. En su declaración de imputado, culpó al comerciante de haber matado a la mujer de 25 años, y que él le dijo de ir a la comisaría a denunciar un supuesto accidente cuando el sujeto manipulaba el arma. La cuestión es que su abogado, quiere que la imputación que prevé prisión perpetua sea dirigida únicamente para Giaccone.
A cuatro días del asesinato de
Leonela Ayelén Giménez, uno de los acusados Cristian Almeida que está detenido
junto a Emanuel Giaccone, en la mañana de este miércoles pidió ser conducido
hasta la fiscalía de Gustavo Valero, junto a su defensor y contar sobre lo
sucedido esa madrugada donde asesinaron a la joven mujer en una zona rural a 15
kilómetros de esta ciudad.
Almeida, de 42 años, quien se
encuentra alojado en una comisaría de esta ciudad, desde el sábado a la noche,
se habría quebrado tras conversar con su defensor, César López a quien le
comunicó que tenía las intenciones de contar lo que sucedió con la víctima de
femicidio, oriunda de Villa Berthet.
En ese sentido, el defensor de
Almeida, va a pedir al fiscal el cambio de imputación para su defendido, al
considerar que no habría tenido nada que ver con el crimen.
Casi todo lo sucedido
Según pudo saber NORTE, Cristian
Almeida junto a Emanuel Giaccone, tras pasar la noche de la víspera del
asesinato de Leonela, durante gran parte de la madrugada estuvieron dando
vueltas en el automóvil Audi A4, por la ciudad, consumiendo bebidas
alcohólicas.
Al cabo de un determinado momento
se dirigieron hacia las afueras, más precisamente en la zona rural donde fue
encontrada asesinada la joven de 25 años, todo según la declaración de
imputado.
Cabe destacar que los mismos no
están obligados a decir la verdad.
Almeida habría contado al fiscal Valero,
que, al llegar a esa zona rural alrededor de las cinco de la madrugada,
continuaron bebiendo y fumando, afuera del automóvil, a pesar del frío. Y que,
en un determinado momento, que no recuerda cuánto había transcurrido, ingresó
al automóvil, y tras algunos minutos escuchó una detonación fuerte, y al salir
del vehículo, habría visto a la chica tirada en el suelo y a Giaconne
agarrándose la cabeza.
Al no saber que hacer decidieron
regresar velozmente a la ciudad, asustado por lo sucedido, sin saber que a
quien recurrir ante semejante hecho. Pero que, en un determinado momento, él le
indicó a Giaccone, que debían ir a la comisaría para contar que pasó, pero que
el comerciante no quiso hacerlo, según de declaró el imputado.
Volver al lugar del crimen
Otro de los datos de relevancia
que se manejaría desde ámbito de la investigación, es poder determinar sobre la
posibilidad que Giaconne y Almeida, tras haber cometido el crimen, si volvieron
al lugar donde estaba la víctima, y si fue así, lo hicieron solos o con una
tercera persona.
Esto se pudo comprobar por las
marcas de pisadas en la zona, y las manchas de sangre en las zapatillas de uno
de los detenidos.
Por lo que las autoridades, según
trascendió, creen que podrían haber retornado para llevarse el celular de la
joven para después descartarlo en el canal de desagüe donde fue encontrado y
que se lo ve descender del Audi, al mismo conductor que sería Giaconne para
desechar el celular.
Fuente: Norte
Se trata de los dos hombres quienes fueron detenidos luego de ser identificados en cámaras de seguridad del centro de monitoreo municipal, comercios y casas particulares.
La abogada querellante de la familia de Leonela Giménez, Dr. Adriana Molina fue categórica al calificar el crimen de la joven como vil, cruento y horroroso.
Familiares de víctimas cuestionan la falta de transparencia en la presentación de pruebas y advierten que veredictos similares erosionan la credibilidad del sistema judicial provincial.
Se trata de Roberto Espinoza, a quién la gestión de Leandro Zdero despidió del canal público Somos Uno por su pensamiento crítico. Por mayoría, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco avaló su despido. No obstante, concedió el recurso extraordinario federal para que el caso pueda ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “No puede perderse de vista la trascendencia institucional del asunto debatido”, sostuvo el tribunal.
Durante la ronda de alegatos que tuvo lugar la semana pasada en Sáenz Peña, la querella solicitó cinco años de prisión para los agentes Ponce y Rivero y cuatro para Rojas, y el doble de tiempo de inhabilitación. Por su parte, la fiscalía y la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos pidieron penas en suspenso. La defensa pidió la absolución de todos los agentes. El 21 de febrero se conocerá la sentencia.