Un escándalo de proporciones se
desató en el Consejo de la Magistratura del Chaco luego de que la mayoría
oficialista que controla ese organismo lograra declarar desiertos los concursos
para las fiscalías penales Nº 1 y Nº 5 de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Es que, según pudo saber LITIGIO,
el pacto entre el gobierno de Leandro Zdero y los abogados del Interior y de
Resistencia logró que los cuatros consejeros se abstengan de proponer a alguno
de los tres concursantes que alcanzaron el nivel de excelencia, con argumentos
absolutamente insólitos como el de “no contar con mandato” para votar a
ninguno. Ni a Geraldine Dilchoff Kesque, ni a Tatiana Mañak ni a Cristian
Arana.
María Cecilia Arroyo,
representante de los colegios del Interior, argumentó que el Colegio de
Abogados de Sáenz Peña, que preside la abogada y funcionaria municipal de Bruno
Cipolini, Florencia Ávila, no le dio mandato para elegir entre los tres
concursantes. La misma postura adoptaron el presidente del Consejo de Abogados
de Resistencia y director del Órgano de Control Institucional (OCI) de la
Policía del Chaco, Ricardo Urturi; la secretaria general de la Gobernación,
Carolina Meiriño, y la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen
Delgado Brito.
En rigor, desde el Colegio de
Abogados de Sáenz Peña decidieron que sus representantes debían abstenerse de
votar a los candidatos por supuestas cuestiones de “moralidad”, “buenas
costumbres”, “valores” y “ética”, sin precisar hechos concretos ni pruebas.
Los argumentos eran lo de menos:
el mandato implícito era que no se debía proponer a ningún candidato que no sea
afín al partido de gobierno.
Quiénes sí propusieron entre los
concursantes que llegaron a la instancia final fueron el presidente del Consejo
y juez del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Víctor Del Río; el juez
Sergio Bosch, y el consejero en representación de la minoría en la Cámara de
Diputados, Rubén Guillón.
El abogado César Collado, quién
actualmente se desempeña como fiscal provisorio, era el alfil del oficialismo
pero quedó en el camino al no haber alcanzado el nivel de excelencia en el
concurso. Como consecuencia de su exclusión, expresó una serie de improperios
contra los consejeros que lo pusieron en conocimiento del jefe de los fiscales,
Jorge Canteros, para que analice las medidas disciplinarias correspondientes.
El antecedente
Un antecedente que tiene
semejanzas con este caso es el del concurso para la Fiscalía de General San
Martín en que el, luego de un polémico proceso en el cual el otro postulante fue
excluido por “hacer trampa” en el examen escrito, una sola concursante llegó a
la instancia final y la mayoría del Consejo de la Magistratura decidió no
proponerla para el cargo. Tampoco hubo demasiados argumentos. Aunque también se
presumía que se trataba de que la candidata que llegó a la etapa final no era
afín al gobierno local.
La denuncia de diputados del
Frente Chaqueño
Ayer, el bloque de diputados del
Frente Chaqueño difundió un comunicado haciendo público el escándalo y
solicitando al Consejo de la Magistratura del Chaco que difunda las actas de la
votación.
“La falta de apoyo a alguno de los
tres candidatos, sin fundamentos válidos ni justificación alguna, y cuando
durante todo el proceso no se han planteado denuncias, sumarios u objeciones, reviste
una gravedad institucional inaceptable. No existen precedentes en igual sentido
en la historia del Consejo. Nunca ha existido una abstención de votación con
tres candidatos y dos cargos disponibles”, advirtieron.
En ese contexto denunciaron que
“existieron presiones de representantes del gobierno provincial y municipal
para que el concurso fracase, por no tratarse de postulantes alineados
políticamente con el gobierno de turno. Si esto se confirma, estaríamos ante
una injerencia inadmisible sobre un proceso que debe regirse por mérito, reglas
claras y transparencia”.
Por ello, desde la bancada
opositora exigieron “la publicación inmediata del acta y de los fundamentos
escritos de esta decisión, con precisión de los motivos invocados y la
evidencia que los respalde”.
“La justicia no puede quedar rehén
de criterios discrecionales ni de operaciones políticas”, concluyeron.
En la tarde de ayer, el Consejo de
la Magistratura del Chaco difundió el acta de la reunión y de la votación que
incluye la postura de cada uno de los consejeros y consejeras.
Fuente: Revista Litigo
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