La Justicia Federal dictó la prisión preventiva para los siete policías acusados de intentar robar cocaína durante una quema judicial en Colonia Benítez. La audiencia se realizó este domingo y se extendió por más de seis horas. Los cinco que declararon negaron los hechos, aunque una explicación insólita llamó la atención: uno de los acusados dijo que ese día tenía una piedra de yeso en su poder, similar a un ladrillo de cocaína, debido a que la usa para afilar su cuchilla en su oficio paralelo de barbero. Los siete quedaron imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de partícipes y ser funcionarios encargados de perseguir estos delitos, con el delito de peculado, en concurso real.

Durante la audiencia, declararon cinco de los imputados, mientras que otros dos optaron por guardar silencio. Todos negaron los hechos, aunque una de las explicaciones llamó especialmente la atención del tribunal: uno de los acusados sostuvo que el ladrillo de yeso encontrado en su poder —similar a un paquete de cocaína— lo utilizaba para afilar una cuchilla, ya que además de ser policía ejerce el oficio de barbero.

Finalmente, la jueza dictó la prisión preventiva para los siete efectivos, quienes quedaron imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y por tratarse de funcionarios públicos encargados de perseguir estos delitos, además de peculado, en concurso real.

La audiencia comenzó a las 17 y se extendió hasta las 23, en el marco de la formalización de la investigación que impulsa la Justicia Federal de Resistencia bajo el nuevo sistema acusatorio. La instancia se realizó un domingo debido a que vencía el plazo máximo de 72 horas de detención previsto por el Código Procesal Penal Federal.

Los imputados, asistidos por sus defensores, fueron informados de los cargos que se les atribuyen y se evaluó la legalidad de las detenciones, con intervención de Niremperger como jueza de Garantías. La acusación estuvo a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Resistencia, junto a la fiscal interina Ruth Hilgenberg.

Prestaron declaración el comisario César Alegre; el oficial principal Lucas Exequiel Martínez; el sargento Gustavo Jesús Acosta; el cabo Néstor Ariel Urne Canteros; y el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez, todos pertenecientes a la Dirección General de Consumos Problemáticos, ex Drogas Peligrosas. En tanto, el subcomisario Andrés Franco Ramírez y el cabo Gustavo Andrés Quizama hicieron uso de su derecho a guardar silencio.

La declaración más llamativa fue la del cabo Urne Canteros, a quien durante la quema judicial se le halló una piedra de yeso, empaquetada y sin signos de uso, similar a un ladrillo de cocaína. Según la investigación, el elemento iba a ser utilizado para camuflar la droga sustraída, aunque el imputado aseguró que lo llevaba para afilar su cuchilla de barbero.

La mayoría de los detenidos permanecerán alojados bajo custodia de la Prefectura Naval Argentina en Barranqueras, mientras que Ramírez y Quizama continuarán detenidos en dependencias de Gendarmería Nacional, en Formosa y Las Lomitas.

El hecho

La maniobra fue descubierta el jueves por la mañana en el Polígono Policial de Colonia Benítez, durante una quema judicial de tres toneladas de marihuana y unos 80 kilos de cocaína. En ese contexto, funcionarios de la Justicia Federal advirtieron irregularidades en el proceso de destrucción de los estupefacientes: se estaba incinerando menos droga de la consignada.

Según la investigación, un grupo de policías que participaba del operativo intentó sustraer parte de la cocaína, ocultándola en mochilas y en la caja de un patrullero. En el lugar fueron arrestados siete efectivos del Departamento de Consumos Problemáticos, quienes quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia Federal. Se estima que intentaron llevarse unos 9 kilos de cocaína, valuados en aproximadamente 225 millones de pesos.

El escándalo se agrava al considerar que en el operativo estaban presentes el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero; el juez Mianovich; y medios de comunicación que registraban el procedimiento. Es decir, la maniobra se habría intentado a plena luz del día, frente a autoridades judiciales y provinciales y ante las cámaras. De no haber sido por la intervención de los secretarios del Juzgado Federal N.º 2, el robo se habría consumado sin obstáculos.

Fuente: Revista Litigio