La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó una resolución que había declarado incompetente a la Justicia Federal para investigar graves denuncias por abuso sexual y explotación de una menor que involucraría a sus familiares y a personal de las fuerzas de seguridad por hechos que habrían tenido lugar entre los años 2015 y 2019 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En una resolución firmada este viernes, a la que tuvo acceso LITIGIO, la jueza Rocío Alcalá resolvió que el fuero federal debe continuar con la investigación ante la posibilidad de que los hechos configuren un delito de trata de personas. Fue al hacer lugar a la apelación del Defensor Público de Víctimas, Gustavo Vargas, contra la resolución de la jueza federal subrogante de Sáenz Peña, María Belén López Macé, quién había declinado su competencia, en sintonía con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, y la remitió a la justicia provincial por considerar que no se daban elementos para acreditar el delito de trata de personas. En el ámbito de la apelación, la Fiscalía ante la Cámara Federal adhirió al planteo del Defensor Público de Víctimas en detrimento del dictamen de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña.

El caso

El caso se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2024 por la tía materna de la niña, quien relató una serie de eventos ocurridos entre 2015 y 2019. Según su testimonio, los padres de la menor “M”, junto con su hermana mayor, habrían participado en actos de abuso sexual y explotación, drogando a la niña para llevarla a encuentros con diversas personas. La denuncia involucraba a varios familiares y a miembros de la policía provincial, describiendo una supuesta red de explotación con grabaciones y fotografías que eran comercializadas.

La jueza López Macé había considerado que los hechos encuadraban en delitos de abuso sexual de competencia provincial, que ya se investigaban en otra causa, y descartó la hipótesis de trata por falta de elementos. Además, fundamentó su decisión en informes psicológicos que alertaban sobre inconsistencias en el relato y el riesgo de revictimización para la menor al someterla a una nueva declaración.

Sin embargo, la Cámara Federal encontró que esta decisión fue prematura. La jueza Alcala destacó la existencia de múltiples indicadores que apuntan a un posible delito de trata de personas, de competencia federal exclusiva. Entre ellos, señaló la captación y control intrafamiliar de la niña, los traslados reiterados a domicilios y hoteles, la posible connivencia de personas vinculadas a fuerzas de seguridad, la coacción mediante sustancias y amenazas, y la producción de material audiovisual con eventual fines de comercialización.

El fallo enfatiza la necesidad de analizar el caso con una perspectiva de género y de niñez, considerando el contexto de vulnerabilidad y violencia intrafamiliar. Critica que se haya descartado la realización de una Cámara Gesell que la propia víctima había aceptado realizar, ya que su testimonio se considera fundamental para avanzar en la investigación de manera integral.

Entre sus fundamentos, la resolución de la Cámara recalcó que “no debe pasarse por alto los manuscritos de la menor, en los cuales relata sus vivencias y situaciones de amenazas con armas por parte de sus padres en caso de negarse a ir a los ‘encuentros'”.

En consecuencia, la Cámara Federal hizo lugar al recurso de apelación presentado por el Defensor Público de la Víctima –que contó con la adhesión del Fiscal General–, revocó la resolución anterior y declaró la competencia federal para continuar con la investigación.

Se ordenó devolver las actuaciones al juzgado de origen para que prosiga con la pesquisa, tomando los recaudos necesarios para evitar la duplicidad de investigaciones con la causa que tramita en el fuero provincial.

FUENTE Y FOTOS: Litigio