El magistrado había dispuesto el pasado 18 de marzo que el Ejecutivo asegurara el suministro regular de recursos vitales. No obstante, ante la falta de cumplimiento, el 22 de agosto impuso una multa de más de $85 millones diarios en favor de las comunidades indígenas. Hasta el 10 de septiembre, la deuda por astreintes asciende a $1.374 millones más intereses.

DESOBEDIENCIA Y DERECHOS VULNERADOS

La Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, denunció una “abierta desobediencia judicial” por parte del Ejecutivo y advirtió que la situación provoca una “gravísima afectación de derechos fundamentales como la vida, la salud y la alimentación”. La funcionaria sostuvo que el gobierno provincial no solo incumplió con el fallo, sino que tampoco abonó las sanciones económicas.

La presentación pide aprobar la liquidación de la deuda y ordenar al Banco Nación en Resistencia que retenga y transfiera los fondos a una cuenta judicial, con posibilidad de ampliar la medida si el incumplimiento persiste.

“FAMILIAS ENTERAS EN RIESGO”

El pedido judicial fue acompañado por un comunicado del pueblo Wichí, emitido en asamblea el pasado 6 de septiembre en El Sauzalito. Allí, caciques y referentes comunitarios denunciaron que la vida de niños, ancianos y familias enteras está en riesgo, acusando al gobierno de Zdero de apelar las sanciones en lugar de cumplir con la entrega de agua y alimentos.

“Seguimos sin lo esencial. Invitamos a quienes duden a venir al Impenetrable para comprobar que decimos la verdad”, expresaron los firmantes, entre ellos Zenón González, Américo Quiroga y Miguel Gómez.

ASISTENCIA INSUFICIENTE

En paralelo, la Defensoría contestó los recursos presentados por la Fiscalía de Estado, que calificó la causa de “abstracta” y “mediática”. Sin embargo, los informes oficiales revelan una realidad crítica:

El reparto de agua solo llega a cabeceras urbanas, con entregas esporádicas.

Los módulos de alimentos se entregan, en promedio, una caja cada tres meses.

Un informe estatal reconoce 364 niños con bajo peso en seguimiento nutricional.

El contenido de la llamada “Caja Ñachec” apenas cubre entre tres y cuatro días de alimentación para una familia de cuatro integrantes.

La multa diaria fue calculada en función de la Canasta Básica Alimentaria para 20 mil personas, cifra que evidencia la magnitud de la emergencia.

UN ESTADO AUSENTE

La causa se remonta a diciembre de 2024, cuando la Defensoría presentó un amparo para que el Estado chaqueño asistiera de manera urgente a las comunidades. A pesar de los fallos judiciales, el gobierno de Zdero persiste en incumplir con lo más elemental: garantizar agua y comida en uno de los territorios más castigados del país.

“El enfoque de derechos humanos exige que la asistencia alimentaria sea accesible, continua y suficiente”, recordó Gauna Wirz, advirtiendo que la falta de acción del Ejecutivo ya está generando un daño irreparable en la vida del pueblo Wichí.

Fuente: Visión Multimedia