El Ministerio de Salud Pública de la provincia detectó que una mujer cumplía funciones como médica de guardia en establecimientos estatales utilizando una matrícula profesional que no le correspondía.

La situación fue denunciada formalmente este miércoles al mediodía ante la Comisaría de Machagai por el director de la Región Sanitaria 2, dando inicio a una causa penal que busca determinar el alcance de las prestaciones realizadas por la sospechosa.

La irregularidad salió a la luz tras una verificación interna ante las autoridades sanitarias provinciales, donde se constató que el número de matrícula exhibido por la supuesta profesional pertenece en realidad a un médico varón. Según los registros oficiales, la mujer prestaba servicios en los hospitales de las localidades de Presidencia de la Plaza y Quitilipi, donde participaba activamente en el esquema de guardias médicas y atención de pacientes.

Como parte del material probatorio entregado a la justicia, se incluyeron fotocopias certificadas de los registros electrónicos del sistema de salud, libros de guardia foliados y órdenes de derivación médica dirigidas al Hospital 4 de Junio. Estos documentos contaban con la firma y el sello de la sospechosa, lo que permitió a los investigadores confirmar la identidad que utilizaba para validar sus intervenciones en los centros asistenciales.

El proceso legal y las medidas dispuestas por la Fiscalía interviniente

La causa quedó radicada en la Fiscalía de Investigación Penal N°3, bajo la dirección del fiscal Marcelo Soto. El funcionario judicial ordenó la elevación inmediata de todas las actuaciones administrativas y policiales para profundizar en la recolección de pruebas y avanzar con las medidas legales correspondientes por la presunta comisión del delito de usurpación de títulos y honores.

En las próximas etapas de la investigación, la fiscalía buscará precisar el periodo exacto durante el cual la mujer se desempeñó en los hospitales públicos y si contó con algún tipo de facilitación para el ingreso al sistema sanitario.

Por el momento, las autoridades se encuentran abocadas a auditar todas las historias clínicas y derivaciones que lleven la firma de la imputada para garantizar la trazabilidad de la atención médica brindada en dichas instituciones.

Fuente: El Territorio  - Imagen: Facebook Roberto Espinoza