La política de ajuste del gobierno de Javier Milei está causando una crisis sanitaria que se refleja en la situación que atraviesa el Pami, la obra social de las y los jubilados. No solo las demoras en pagos a prestadores ponen en riesgo el servicio, con una deuda que supera los 500.000 millones de pesos. También tambalea la atención por las malas condiciones laborales de las y los profesionales que sostienen el sistema. Una reciente resolución fija en $2.100 por cápita por afiliado el monto que perciben médicos de cabecera. En repudio, inician este lunes un paro de 72 horas.

Paro en PAMI

La medida de fuerza para exigir mejores pagos es llevada adelante por médicos de cabecera de Pami nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia).

“Sin retribuciones dignas, no hay salud de calidad”, expresaron desde ese espacio. El reclamo surgió tras la publicación de la resolución RESOL-2026-1107-INSSJP-DE#INSSJP, dictada el 9 de abril. Una medida “inconsulta”, que según denuncian los profesionales, “bajo la apariencia de un ordenamiento del sistema, implica en los hechos un recorte sustancial de los ingresos de los médicos de cabecera”.

En la práctica, con la modificación que establece la resolución, un médico que cobraba alrededor de 1.600.000 pesos por mes pasará a cobrar 800.000. Alertan que la reducción torna al servicio inviable.

Tres días de paro

Desde Appamia aclararon que “durante la medida de fuerza, se garantizará la atención de urgencias según criterio profesional y en cumplimiento de la normativa vigente”.

La flamante resolución plantea un “aumento de la cápita a $2.100, pero al mismo tiempo:

Se elimina la consulta presencial como fuente de ingreso, se incorporan más prestaciones dentro de un pago fijo, se elimina el incentivo económico a la formación profesional”, detallaron desde la Asociación. En los hechos, se traduce en “más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico, afectando de manera directa la sostenibilidad del consultorio y la calidad de atención”.

“Esta medida implica una reducción significativa del ingreso real de los profesionales, tornando inviable el sostenimiento de la actividad en condiciones dignas”, denunció la entidad, que reclama una cápita de $6.500 “como piso necesario para sostener la atención médica”.

La Asociación alertó además que está evaluando acciones legales y judiciales “en defensa de los derechos de los profesionales”.

Tiempo Argentino