Diego Landriscina, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Sáenz Peña desde 2019, solicitó esta semana una licencia en sus funciones luego de quedar en el centro de crecientes cuestionamientos por su rol como operador financiero del municipio ante la Bolsa de Comercio del Chaco. Es señalado como el principal responsable de haber administrado, durante los últimos años, las operaciones de compra de valores no garantizados (conocidas como operaciones NOGA), una operatoria que habría derivado en la pérdida de aproximadamente 1.000 millones de pesos pertenecientes a la comuna termal.

Tras conocerse su pedido de licencia, el periodista saenzpeñense Martín Piccato difundió en sus redes sociales una serie de documentos que podrían comprometer judicialmente a Landriscina. Según surge de esa documentación, el funcionario habría percibido numerosas y abultadas comisiones por la administración de fondos públicos de la Municipalidad ante la Bolsa de Comercio.

Las publicaciones de Piccato fueron presentadas bajo el título "Corrupción del Secretario de Gobierno de Presidencia Roque Sáenz Peña". En un video de 12 minutos, el periodista exhibe facturas tipo C emitidas por Landriscina a lo largo de un período de tres años, bajo el concepto de "comisiones por manager". Las facturas estaban dirigidas a la propia Bolsa de Comercio del Chaco, y los montos facturados oscilan desde casi 200.000 pesos en octubre de 2022 hasta 4.060.000 pesos en octubre de 2025.

Aunque solo un número reducido de comprobantes fue hecho público, Piccato aseguró que la Justicia ya cuenta con al menos 30 facturas emitidas durante ese lapso. De acuerdo con la información difundida, las comisiones por la venta de operaciones no garantizadas se habrían distribuido contractualmente en partes iguales: un 50% para Landriscina y el 50% restante para la Bolsa.

Un punto central del caso es que, para que Landriscina pudiera cobrar comisiones a la Bolsa en calidad de operador, debió existir necesariamente un contrato formal entre ambas partes. Es decir, el pago de honorarios no podría haberse producido sin un vínculo contractual previo que lo habilitara a percibir esos ingresos.

En su carácter de funcionario público, Landriscina no se encuentra habilitado para operar ante ninguna ALyC del país cuando se trata de movimientos de dinero cuyo origen sea público. La única excepción posible sería su actuación como asesor financiero certificado —condición que el propio Landriscina exhibe en sus redes sociales—, pero exclusivamente en operaciones realizadas para clientes del sector privado, siempre que estos no tengan vinculación alguna con el Estado ni características asimilables.

Las facturas conocidas en las últimas horas, sin embargo, delinean un escenario que abre una serie de interrogantes. Cuando la Bolsa de Comercio del Chaco liquida comisiones a sus operadores, lo hace por el total generado por el agente en función de todas las comitentes bajo su responsabilidad, abonando el monto de manera global y bajo un único concepto.

En los comprobantes emitidos por Landriscina no se especifica que el cobro corresponda puntualmente a operaciones realizadas como responsable de la comitente municipal , ni que las comisiones facturadas estén vinculadas de forma explícita a la adquisición de operaciones no garantizadas. Esta omisión mantiene abierta una duda clave: si las sumas percibidas responden exclusivamente a la operatoria con fondos públicos o si, por el contrario, Landriscina habría administrado comitentes privadas cuyos detalles no fueron identificados hasta el momento.

La incertidumbre se ve reforzada por un dato temporal relevante. La factura más antigua a la que este medio tuvo acceso data de octubre de 2022, mientras que las operaciones entre la Municipalidad de Sáenz Peña y la Bolsa comenzaron a registrarse en los libros contables, al menos, desde 2023. Ese desfase habilita un interrogante central: si durante un período cercano a los tres años Landriscina percibió, o no, comisiones por operaciones que él mismo ejecutó utilizando fondos públicos municipales.

Diario Chaco intentó obtener precisiones por parte de autoridades de la Bolsa de Comercio del Chaco, pero estas se negaron a brindar información que permita despejar las dudas planteadas. No obstante, diversos especialistas en materia bursátil consultados coincidieron en un punto clave: los responsables de las comitentes siempre perciben comisiones por las operaciones realizadas, salvo que exista una cláusula contractual expresa que exima al operador de ese cobro.

Dado que el contrato celebrado entre la Municipalidad de Sáenz Peña y la Bolsa permanece amparado por el secreto bursátil, la incógnita sobre si Landriscina obtuvo un beneficio económico personal por la compra de operaciones no garantizadas con fondos públicos continúa sin una respuesta definitiva.

En paralelo, en los últimos días Diario Chaco reveló en exclusiva que la Municipalidad de Sáenz Peña denunció a la totalidad de la cúpula de la Bolsa de Comercio por presuntas irregularidades en la administración de la comitente municipal. Entre los principales cuestionamientos se destacan modificaciones contractuales, la concentración del capital en un único inversor —el mismo que ofrecía las operaciones no garantizadas adquiridas por la Bolsa— y la reiteración de las controvertidas operaciones NOGA.

En la presentación judicial, el Municipio sostuvo que se produjeron cambios contractuales sin el consentimiento expreso de las autoridades locales y que la concentración del 60% del capital en un solo inversor —que, además, habría sido presuntamente insolvente al momento de la operatoria— vulnera los principios básicos de diversificación y resguardo del riesgo financiero. Este punto cobra especial relevancia si se considera el perfil de inversor conservador que la Municipalidad sostenía formalmente.

Este último aspecto también es objeto de polémica: según la acusación, la Bolsa habría modificado sin autorización el perfil de riesgo de la comitente municipal, pasando de conservador a moderado, a pesar de que el carácter conservador estaba expresamente establecido en las cláusulas contractuales.

Por último, la Justicia avanza ahora con pedidos de información dirigidos a la Bolsa de Comercio del Chaco para que esclarezca tanto los detalles de las facturas recientemente conocidas como los términos del contrato suscripto entre las partes, las autorizaciones administrativas emitidas, y los comprobantes de las operaciones efectuadas desde agosto de 2023.

Diario Chaco