La superficie extranjerizada en el Chaco equivale a 11,5 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a casi la totalidad de Luxemburgo, una comparación que dimensiona el alcance territorial del proceso y su impacto potencial sobre recursos estratégicos, producción y soberanía.

El dato surge del mapa interactivo del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la UBA y el CONICET, que permite visualizar la extranjerización del suelo no solo a escala provincial sino departamento por departamento, una mirada que pone en tensión el argumento oficial de que ninguna jurisdicción supera los límites establecidos por la Ley de Tierras.

En el Chaco, la extranjerización presenta una fuerte concentración en la región de El Impenetrable, pero también una expansión sostenida hacia otras zonas de la provincia. Los departamentos con mayor superficie en manos extranjeras son General Güemes, con 150.586 hectáreas; Tapenagá, con 32.400 hectáreas; y Sargento Cabral, con 5.937 hectáreas. En los tres casos, el porcentaje ronda el 6% del total departamental, superando el promedio nacional.

Sin embargo, el fenómeno no se agota en esos distritos. Bermejo registra 5.050 hectáreas en manos extranjeras; General Donovan, 4.055; 2 de Abril, 5.791; Mayor Jorge Luis Fontana, 8.490; Libertador General San Martín, 7.226; y Comandante Fernández, 3.479 hectáreas.

Otros departamentos como San Lorenzo, Independencia, Maipú, Quitilipi, Chacabuco y 12 de Octubre presentan superficies menores, pero persistentes, mientras que Presidente de la Plaza, General Belgrano, Libertad, Fray Justo Santa María de Oro y Almirante Brown muestran niveles bajos, aunque no nulos. En conjunto, el relevamiento confirma que la extranjerización de la tierra no es un hecho aislado, sino un proceso estructural que atraviesa al Chaco de norte a sur.

Un fenómeno nacional con focos críticos

El informe advierte que la situación chaqueña se inscribe en un patrón nacional más amplio. En todo el país, alrededor del 5% del territorio argentino —más de 13 millones de hectáreas— está en manos extranjeras, una superficie equivalente a toda Inglaterra.

Los investigadores Julieta Caggiano y Matías Oberlin explican que, si bien la Ley de Tierras fija un límite del 15% por provincia, ese promedio resulta engañoso: al observar distrito por distrito, al menos 36 departamentos del país ya superan el tope legal.

En Entre Ríos, los departamentos de La Paz y Gualeguay alcanzan el 9% de extranjerización, mientras que Concordia llega al 6%. En Santa Fe, el caso más crítico es el departamento Garay, donde el 16% del territorio ya se encuentra en manos extranjeras, superando directamente el límite que impone la ley.

Recursos estratégicos bajo la lupa

El mapa interactivo demuestra que la extranjerización no es aleatoria. Por el contrario, se concentra en zonas con alto valor estratégico, vinculadas al acceso al agua dulce, minerales, fronteras internacionales y corredores logísticos.

Hay departamentos que superan el 50% de su superficie extranjerizada, como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta). En áreas ribereñas del río Paraná, como Iguazú, Ituzaingó y Campana, la extranjerización supera el 30%.

En cuanto a las nacionalidades, Estados Unidos encabeza el ranking, con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. “Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada del país. Los estadounidenses poseen más tierra que toda la provincia de Tucumán”, grafica el informe.

“No es una discusión ideológica, sino una cuestión de capacidad estatal y soberanía”, advierte Caggiano. “El patrón es claro: los niveles más críticos aparecen en zonas fronterizas y con recursos hídricos o minerales”.

La Ley de Tierras, otra vez en debate

El informe se conoce en un contexto político sensible, marcado por el avance del Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras (26.737), flexibilizando restricciones a la venta de suelo a extranjeros y habilitando explotaciones productivas incluso en zonas incendiadas.

Los investigadores recuerdan que el proceso de extranjerización se aceleró a fines de los años noventa, cuando el Estado comenzó a autorizar ventas masivas en zonas de seguridad fronteriza, históricamente protegidas por ley. Casos paradigmáticos como Lago Escondido, en manos del magnate británico Joe Lewis, o las tierras patagónicas adquiridas por el grupo Benetton, aparecen como antecedentes directos.

Para los especialistas, una eventual derogación o debilitamiento de la norma no apunta a atraer inversiones productivas, sino a facilitar la apropiación de bienes comunes estratégicos. “Cuando se cruza el mapa de extranjerización con los proyectos mineros o energéticos, el riesgo de conflictividad social aparece con total claridad”, sostiene Oberlin.

En un escenario global atravesado por la crisis climática y la disputa por el agua, la energía y los alimentos, el informe funciona como una advertencia contundente: quién controla la tierra define quién decide sobre los recursos y, en última instancia, sobre la soberanía.

Con información de El Ciudadano