La Justicia de Estados Unidos le dio la razón a la Argentina en la causa contra la expropiación de YPF, impulsada por los fondos buitres Burford Capital y Eton Park, que buscaba condenar al país al pago de 16 mil millones de dólares más intereses y habilitaba la entrega de la compañía u otros embargos. Javier Milei se adjudicó como propia la victoria judicial cuando, por el contrario, en varias oportunidades puso en riesgo la estrategia de la defensa nacional al manifestarse en favor de los demandantes. Antes que valorar la continuidad de una política de Estado, el presidente insultó por cadena nacional a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al entonces ministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con los mismos fundamentos que los capitales especulativos. Entre otras contradicciones, festejó la sentencia favorable, pero cuestionó el fundamento que la sostiene. Repitió que la “expropiación estuvo mal”. Celebra lo que critica y anunció el envío al Congreso de una ley para cambiar el instrumento que permitió la nacionalización.

El relato del oficialismo sostiene que fue la gestión actual quien logró “dar vuelta un fallo negativo” y se escuda en que los viajes y la relación con los Estados Unidos fueron clave para ello. Sin embargo, en los discursos públicos sobre resoluciones anteriores referidas a la causa YPF, Milei y otros funcionarios de Gobierno opinaron que la expropiación “estaba mal hecha”, con los mismos fundamentos utilizados por los litigantes. Al conocerse el fallo, primero en redes y luego por cadena nacional el Presidente insistió con la misma narrativa y definió como “verdad irrefutable” que “expropiar está mal” porque, dijo, “robar está mal”, lo que costó “aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, es decir, menos trabajo, menos empresas, más pobreza e indigencia”.

La afirmación va a contramano del festejo oficial porque la justicia de Estados Unidos fue categórica respecto a ese punto: la expropiación se ajusta al derecho argentino y estuvo acorde a la ley.

“Queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”, remarcó la ex presidenta y agregó: “también queda claro que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país; porque con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética“.

Por su parte, Kicillof aseguró que la decisión de la justicia “deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos. Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”. En ese sentido calificó como estratégica la decisión de nacionalizar y señaló que quienes lo cuestionaban no atacaban a su persona sino a una política de soberanía: “La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros”.

Las partes tendrán como último recurso la Corte Suprema norteamericana, aunque resulta improbable que haga lugar, porque debería revisar cuestiones del derecho argentino. “La Cámara de Nueva York comienza su enunciado a favor de Argentina planteando que quizás el caso nunca debería haberse tratado en esa jurisdicción. Evidentemente, el tribunal estaba incómodo y hasta consideró que Loretta Preska estuvo mal en aceptar la demanda”, explicó Sebastián Soler, ex procurador del Tesoro Sebastián Soler y experto en el litigio.

El proceso judicial, que se inició en 2015, tuvo su primer fallo de primera instancia en 2023 contrario a los intereses del Estado argentino. En ese momento, en primera instancia la justicia de EE.UU resolvió condenar al país a pagar 16 mil millones de dólares. Según la jueza Preska, Argentina había violado el estatuto de YPF en el proceso de privatización que estuvo a cargo del ex ministro Kicillof.

“Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana”, subrayó Cristina Kirchner.

Durante las diferentes administraciones a cargo del Ejecutivo, la estrategia de la defensa nacional se mantuvo sin cambios. “Ya había coincidencia en que haber expropiado YPF benefició al país, pero algunos porfiaban que se había “expropiado mal” y que eso “nos iba a costar 16.000 mil millones de dólares”. Desde hoy, ya no lo pueden decir. El juicio se ganó porque se expropió correctamente, cumpliendo las únicas leyes que importan, que son las de nuestro país, y porque, más allá de las declaraciones desagradables y oportunistas del presidente Milei, su gobierno reiteró en la apelación los mismos argumentos legales que ya había planteado la defensa argentina durante la gestión del gobierno anterior”, subrayó Soler.

El argumento jurídico central sostenido por la defensa fue que “los tribunales de los Estados Unidos no tenían jurisdicción para tramitar un proceso donde se discutía derecho público argentino y la expropiación de YPF se realizó conforme a la normativa constitucional y legal aplicable”, expresó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Las inconsistencias de Milei

Por cadena nacional, el presidente anunció que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones, para que “la arrogancia en la política no nos vuelva a costar otra década perdida, y para que nunca más la propiedad privada sea puesta en tela de juicio en nuestro país”.

La iniciativa busca cambiar el instrumento que permitió la nacionalización de YPF y con ello la soberanía en materia energética. Una medida incongruente respecto a la decisión que acaba de tomar la justicia norteamericana al insistir con que la expropiación fue acorde al derecho argentino y, de esta manera, evitar la ejecución del dictamen por más de 18 mil millones de dólares sumando los intereses. Con la nueva normativa que impulsa el Gobierno, no se hubiese logrado la estatización de la petrolera, ni los beneficios en términos de la balanza energética.

“Esta administración levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y de las necesidades del futuro”, reiteró Milei repartiendo culpas a la gestión que recuperó la compañía, sin perjuicio alguno como lo ordenó el tribunal neoyorquino.

Más allá de la celebración oficial sobre el “ahorro” que logró el país con este fallo, en distintas oportunidades Milei consideró que correspondía pagarles a los fondos buitres. Lo hizo a través de gestiones especiales y opiniones publicadas, tanto antes del triunfo electoral como una vez alcanzada la presidencia. Se refirió al caso como “confiscación ilegal”, le dio varias veces la razón a los buitres e incluyó a YPF como “empresa privatizable” en la Ley Bases. La petrolera, junto con el Banco Nación, finalmente quedaron excluidas del proyecto porque el Gobierno no logró consenso en el Congreso para mandarlas a remate.

Milei también generó preocupación cuando nombró a Santiago Castro Videla en la Procuración del Tesoro Nacional, en enero del año pasado. El organismo que representa y defiende al Estado en los juicios como el de YPF quedaba a cargo del socio de Alberto Bianchi, abogado contratado como testigo experto para declarar en favor de Burford Capital contra la petrolera estatal.

“Ganamos el juicio porque teníamos razón, no solo porque la defensa mantuvo una buena estrategia. Lo más importante es el fondo: más allá de lo que dijo el presidente, en sus presentaciones la defensa sostuvo una política de Estado y la expropiación fue correcta”, concluyó Soler.

Fuente: Página12