El secretario de Gobierno de Presidencia Roque Sáenz Peña, Diego Landriscina, solicitó licencia en su cargo luego de que estallara el escándalo por inversiones municipales en instrumentos financieros de alto riesgo, que involucrarían cifras cercanas a los 1.000 millones de pesos.

La decisión fue comunicada mediante una nota formal dirigida al intendente Bruno Cipolini, en la que el funcionario argumentó que su apartamiento temporal apunta a “preservar la institucionalidad” y evitar cualquier interpretación que pudiera vincular su permanencia en el cargo con eventuales interferencias en las investigaciones administrativas o judiciales en curso.

En el escrito, Landriscina afirmó haber actuado con “convicción, compromiso y buena fe” y consideró que dar un paso al costado de manera transitoria constituye “un acto de responsabilidad política e institucional”. Además, dejó constancia de su disposición a colaborar con la Justicia.

Inversiones no garantizadas y denuncia penal

El trasfondo del conflicto se centra en la utilización de fondos municipales para operar en instrumentos financieros no garantizados, una modalidad que, según explicó el jefe comunal, no se ajustaría al marco administrativo autorizado para el Municipio.

Cipolini anunció una denuncia penal por presuntas operaciones no autorizadas, que incluiría figuras como estafa, administración fraudulenta agravada por perjuicio a la administración pública y asociación ilícita. Las acciones judiciales alcanzan a autoridades y miembros del Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio del Chaco, además de empleados de la entidad.

El intendente también adelantó que se realizará una presentación ante la Comisión Nacional de Valores y un reclamo civil por daños y perjuicios con el objetivo de recuperar los fondos presuntamente comprometidos.

Desde el Ejecutivo municipal insistieron en que la comuna solo está habilitada para realizar inversiones de carácter conservador, y que no existiría acto administrativo alguno que avale la colocación de recursos públicos en instrumentos de mayor exposición al riesgo.

La postura de la Bolsa de Comercio

Por su parte, desde la Bolsa de Comercio del Chaco brindaron una versión distinta. El gerente general, Julio Barrios Cima, sostuvo que la cuenta comitente municipal era administrada por un profesional autorizado por el propio Municipio, quien contaba con certificación como asesor financiero y era el responsable de definir las estrategias de inversión.

Según detallaron desde la entidad, la Municipalidad operaba en instrumentos no garantizados desde 2023. En ese segmento del mercado, explicaron, el inversor asume el riesgo crediticio del emisor, bajo la lógica financiera de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada.

La Bolsa afirmó que su rol fue el de intermediario en el mercado de capitales, ejecutando instrucciones del autorizado municipal, y aseguró que toda la documentación respaldatoria está a disposición de la Justicia.

El caso generó un impacto político en Sáenz Peña y desató diferentes causas judiciales que prometen escalar en los próximos días. Mientras la investigación avanza, el Municipio aseguró que la situación no afectará el pago de salarios ni la prestación de servicios públicos.

Diario Perfil